Tras años de congelación, se han aprobado 13.427 nuevas plazas para funcionarios y 5.694 destinadas a promoción interna

«Es importante que los funcionarios perciban que hay futuro», aseguró tajante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Gobierno aprobó la Oferta Pública de Empleo (OEP) de 2016 el pasado mes de marzo.

Tras años de congelación, este año se ofertan 19.121 plazas para funcionarios, de las que 13.427 son nuevas y 5.694 se destinan a promoción interna. Se trata de la OEP más grande de los últimos años, y un 62,14% superior a la de 2015. No sólo incorpora el 100% de tasa de reposición en sectores prioritarios como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la asistencia directa a los usuarios de servicios sociales, la gestión de prestaciones y políticas activas de empleo, etc, también el 50% en el resto de áreas.

Entre los nuevos puestos de ingreso, destacan los Cuerpos de la Administración General con 640 plazas a concurso público; la Agencia Tributaria, con 557, y las Instituciones Penitenciarias con 594.

Por lo que respecta a las plazas de promoción interna, lidera el ránking en cuanto a vacantes la convocatoria para Tecnologías de la Información con 360 nuevos puestos; seguido de la de Instituciones Sanitarias (388) y la de Inspección de Trabajo y Seguridad Social con 330.

Pese a este impulso al empleo público, los sindicatos consideran que es insuficiente teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas y la fuerte destrucción de puestos de trabajo a lo largo de los últimos años. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) recuerda que «258.500 funcionarios tienen más de 60 años y, por tanto, se jubilarán de manera inminente».

Por eso, insiste en la urgencia de diseñar cuanto antes la Oferta Pública de Empleo de 2017 con la mente puesta en que «se cubran todas las jubilaciones y se refuercen aquellos destinos donde sea necesario».

Para CCOO, la Oferta Pública de Empleo de 2016 «no sólo no aborda el déficit estructural de la Administración General del Estado, sino que supone una nueva pérdida de empleo que superará los 1.000 puestos de trabajo y, además, no da respuesta a las necesidades para el correcto funcionamiento de los servicios públicos».

Desde UGT apuntan que la oferta es «claramente insuficiente», ya que no cubre «ni siquiera las bajas producidas en el último año»; y se quejan de que Hacienda les presentara «un documento cerrado a escasas horas de su aprobación en el Consejo de Ministros», que no permitió que se analizaran con detalle las propuestas de los representantes de los trabajadores.




Articulo publicado en el periodico EL MUNDO

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