En la provincia de Lleida, la plantilla de policías nacionales está fijada en 211 agentes. Sin embargo, actualmente solo están cubiertas 136. Faltan 75 policías, un 35,5% del total. Con la Guardia Civil pasa algo similar, aunque no tan acusado. De los 524 efectivos que debería haber trabajando en esta provincia, solo hay 417. Es decir, un 20% menos. Lleida es el caso extremo de un mal que se repite por toda la geografía española: la falta de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la información remitida por el Gobierno al diputado Miguel Ángel Heredia (PSOE).

El desequilibrio es desigual tanto por cuerpos policiales como por provincias. Es más acusado en la Policía Nacional, donde la brecha entre el número de agentes que debería haber y el que realmente existe es del 17,1%. Solo están cubiertas 64.763 plazas de los 78.137 existentes. Faltan más de 13.000 agentes. En la Guardia Civil, el déficit es menor. Se necesitarían 7.426 agentes para llegar a los 85.354 que fija el escalafón del cuerpo, un 8,7%. Heredia critica que desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno se haya recortado “brutalmente” los efectivos en ambos cuerpos. El diputado socialista considera que estas cifras suponen un deterioro para la seguridad ciudadana, además de demostrar que “el PP apuesta por la seguridad privada en detrimento de la pública”, algo que en su opinión es “intolerable”.

Para los sindicatos de la policía y las asociaciones de la Guardia Civil esta carencia de personal tiene su origen en las reducidas ofertas de empleo público realizadas por el Gobierno del PP durante la crisis y que hizo que hasta 2015 se mantuviera por debajo de las mil las plazas ofertadas cada año. “Es necesario establecer una tasa de reposición fija por encima de los vaivenes políticos y económicos. España no se puede permitir recortar en seguridad”, afirma Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo. En el mismo sentido se manifiesta Juan Fernández, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): “Durante años nos hemos quedado muy lejos de cubrir las plazas de aquellos que se jubilaban”. El vicepresidente de la Unión de Oficiales (UO), Javier Montes, habla de “la necesidad urgente de reorganizar todo el despliegue de efectivos para minimizar los efectos de este déficit”.

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Desde Interior se achaca a la crisis que se esté tan lejos de cubrir todo el catálogo de plazas  y se insiste en que con las próximas promociones se subsanará en gran medida el déficit de agentes. Este optimismo no lo comparte el Sindicato Profesional de Policía (SPP), integrados por agentes de la escala de mando. Su portavoz, José Ángel Gutiérrez, asegura que “se tardarán al menos ocho años en subsanar mínimamente” la actual falta de policías y guardias civiles.

Por regiones, Cataluña, País Vasco y Navarra son las más afectadas. En Cataluña, donde los Mossos d’Esquadra son policía integral y Policía Nacional y Guardia Civil tienen funciones muy limitadas, la falta del personal de ambos cuerpos se eleva al 20%. La plantilla en esta comunidad está fijada en 7.781 agentes de ambos cuerpos, pero solo hay desplegados 6.226. Faltan, por tanto, 1.555 policías y guardias civiles. Un déficit que es más acusado en las provincias de Girona y Lleida (con un 25%), y menos en Barcelona (19%) y Tarragona (16%). En el País Vasco, donde la Ertzaintza tiene competencias plenas, la situación se repite. De los 4.789 efectivos que sobre el papel deberían integrar las plantillas de ambos cuerpos, solo hay desplegados 3.657. Esto es, un 24% menos. En este caso, Gipuzkoa refleja una falta de 508 efectivos, lo que supone el 28% de la plantilla de 1.784 agentes prevista. En Navarra, el déficit es de 466 agentes entre ambos cuerpos, un 18% del total.

En estos casos, los representantes de policías y guardias civiles hablan de la “singularidad de ambos territorios”. Desde la AUGC se recalca que “los agentes destinados en Cataluña y el País Vasco tienen dificultades para integrarse en su sociedad” y llega a hablar de “regiones hostiles” en las que los agentes evitan establecerse. “Son zonas de paso para los agentes. Van un tiempo, pero en cuando pueden, se marchan a otros destinos”, recalca su portavoz. Cosío, del SUP, insiste en que esta carencia ha sido especialmente visible durante el reciente desafío independentista catalán: “Se notó que no estaban cubiertas todas las plazas y, por ello, hubo que desplazar otros 6.000 agentes desde otros rincones de España dentro de la Operación Copérnico”.

El portavoz del SPP recuerda que en mayo su sindicato ya pidió al ministro Juan Ignacio Zoido más dinero en la nómina para los policías destinados en Cataluña para compensar la “presión social” que aseguraban sufrir ya entonces por parte de los independentistas y que explicaba en su opinión la falta de arraigo de los mismos. «Los policías y guardias civiles se sienten extraños», añade José Ángel Gutiérrez, que recuerda que son muy pocos los nacidos en estas dos comunidades que se presenten a las oposiciones para ser policías o Guardia Civiles: «Si les gusta el oficio, prefieren ser mossos o ertzainas».

La falta de efectivos también es significativa en otras regiones como La Rioja (20%). En los llamados servicios centrales —con sede en Madrid y que aglutina a la inmensa mayoría de las unidades de investigación especializada— el porcentaje es del 15%. En el extremo opuesto está Melilla, donde están cubiertas 1.177 de las 1.209 plazas disponibles. Cerca del 97%. En Ceuta ese porcentaje llega al 91%. En Andalucía y Galicia ronda el 90%. En Extremadura, Cantabria, Madrid y Murcia es del 89%. Sin embargo, en algunas de estas comunidades las cifras internas son dispares. En las provincias de Sevilla y de A Coruña las plazas no cubiertas se elevan hasta el 18 y el 16% respectivamente. Para el portavoz del SUP la causa de ello es el envejecimiento de las plantillas en estas zonas: “En estos años, el movimiento interno ha sido mucho menor y en estas provincias se han jubilado muchos agentes”.