Evitar el «efecto llamada» entre unas comunidades autónomas y otras, en unas oposiciones en las que se disputarán en toda España unas 250.000 plazas fijas de empleado público, es uno de los objetivos que se plantean el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para el desarrollo de los procesos selectivos que, al menos sobre el papel, se desarrollarán en el trienio 2018-2020. Se estima que en Asturias se pondrán en juego unas 5.000 puestos, de los que entre 3.000 y 3.500 podrían corresponder a sanidad y educación.

Las centrales sindicales y el Ministerio valoran la posibilidad de coordinar fechas de examen, temarios y criterios de valoración entre las diversas comunidades autónomas. Esta posibilidad fue negociada ayer, en Madrid, durante un encuentro entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos de la Mesa General de las Administraciones Públicas para preparar la oferta de empleo público derivada de los presupuestos recién aprobados y los previstos, según informó CSIF en un comunicado.

Ambas partes acordaron la conveniencia de coordinar los procesos selectivos en el conjunto de las comunidades autónomas, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre, en lo que se refiere a su desplazamiento, a la continuidad en su puesto y al riesgo de que se vea afectada la prestación de los servicios públicos. Según CSIF, esta coordinación puede suponer la fijación de calendarios de actuación en común para las diferentes categorías, la determinación de fechas de examen en un mismo día, la elaboración de temarios de forma coordinada o la armonización de los méritos que serán valorados.

Esta opción de pacto adquiere «especial relevancia» en sectores como sanidad, justicia o docencia no universitaria, destaca CSIF. En Asturias, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ya advirtió el pasado mes de mayo de la conveniencia de negociar con las restantes comunidades -en particular con las limítrofes- el calendario de los exámenes de las diversas categorías y especialidades, con el objetivo último de evitar el efecto llamada de los posibles aspirantes. De este modo, el Principado quiere sentar las bases para que impedir peregrinaciones masivas de profesionales de una autonomía a otra por el simple hecho de que una desarrolle un proceso selectivo de una determinada materia unas semanas antes que su vecina.