Espera un «curso normal porque las incertidumbres han desaparecido. La LOMCE, aunque no nos guste, está implantada; las reválidas, eliminadas, y la prueba de acceso a la Universidad, estructurada». El consejero de Educación, Genaro Alonso, presidirá mañana, en Colombres, la vuelta al colegio de más de 64.000 niños de Infantil y Primaria. El miércoles lo hará en Tineo, con Secundaria. Con datos provisionales en la mano, el curso comienza con menos aulas cerradas de las que había previsto.

–Habló en abril de un recorte de 44 unidades en la pública (27 en Infantil y 17 en Primaria).

-Como el plazo de matriculación (en ESO y Bachillerato) estuvo abierto hasta el día 7, los datos que tengo ahora no son definitivos. Pero, según esas cifras, hay un aumento de once unidades en ESO y de cuatro en Primaria, mientras que disminuye en una en Bachillerato y catorce en Infantil.

–Catorce en Infantil. No son tantas como preveía, pero son muchas.

-Hay un hecho evidente: la brutal caída de la natalidad. Que se aminoren las unidades no significa que se supriman las plazas de funcionarios de carrera. Queremos orientarlas a una mayor atención a la diversidad. Para desdobles, agrupaciones flexibles, Pedagogía Terapéutica, y Atención y Lenguaje… tenemos, entre Primaria y Secundaria, un volumen de horas equivalente a 1.500 profesores. Es un dato relevante de la calidad del sistema educativo.

–Docentes y padres le piden bajar ratios. Usted dice que su deber es velar por los recursos públicos. ¿Pero no se plantea ningún cambio?

-No. Nuestras ratios ya son más bajas que las de muchas comunidades y las establecidas por el Gobierno central. De hecho, en Infantil es de 23 alumnos y no de 25. Y si hablamos de la ratio media (18,28) está lejos de las oficiales (25 en Primaria y Secundaria). Son ratios de total calidad. Y si a eso se añade que, desde el año 2000, contamos con esas medidas de atención a la diversidad, son mucho más ventajosas.

–Ha llevado a cabo una revisión del mapa escolar con fusiones, traslado de matrículas y cierres. ¿Seguirá?

-En lo que queda de legislatura no pretendemos enfilar más reordenaciones del mapa escolar, más allá de lo que se derive de casos concretos de cierre de aulas por falta de alumnos o de la ampliación de espacios donde hay demanda. En las escuelas rurales -donde tenemos la ratio más baja del Estado- seguimos con nuestro compromiso de mantenerlas abiertas con cuatro alumnos. Si hay menos y vemos que se va a recuperar alumnado, no las desafectamos, no prescindimos del edificio. Pero las hay que se cierran por muerte natural.

–28 aulas menos en la concertada.

-Según mis datos, 29, pero el descenso neto es de 23, porque se recuperan seis en Primaria.

–En la resolución publicada, el criterio para continuar o no con los conciertos era el promedio de alumnos por profesor que había por aula en cada concejo. Pero después, el factor profesor no se tuvo en cuenta, algo que, dicen, hubiese permitido salvar la mayoría de las aulas.

-El criterio que se ha venido aplicando siempre en la revisión de conciertos es el de la ratio media alumnos por aula de la etapa en la localidad.

–No apareció así en el BOPA.

-Tal vez, no lo sé, hubo una equívoca formulación en la resolución. Pero insisto en que el concepto que se ha utilizado siempre ha sido ése: alumnos por aula y localidad. Además, hemos excepcionado muchos centros por criterios objetivos, como que fuera la única oferta privada de la localidad. Fuimos generosos y flexibles.

Sobre la elección de centro

–Una petición de la concertada para el curso es una ley que garantice la libertad de elección de centro.

-El derecho de elección de centro existe de acuerdo a unos criterios. Todo padre, si hay una vacante, puede ir a ese centro. Si no, la administración le debe garantizar un puesto escolar. Lo que no podemos permitir es que, porque los padres quieran elegir un centro privado-concertado, tengamos que aumentar tantas unidades como resulten de esas peticiones y cerrar en la escuela pública y amortizar. Eso, para nosotros, va en contra del principio de equidad, inclusión y distribución. La LOE, modificada por la LOMCE, deja clara una cuestión: la libertad de centro no es un derecho absoluto. Sobre él prevalece el deber de planificación de la administración.

–Han llegado a un acuerdo para mejorar la ratio en Infantil para facilitar la recolocación tras los recortes.

-Así es y estamos a punto de cerrar una reivindicación histórica: el pago de la paga de antigüedad entre 2013 y 2016. Ya está aprobado. Si no recuerdo mal, unos tres millones de euros.

–Los profesores aseguran que empiezan el curso «enfadados» y «disgustados» por la falta de plazas.

-La asignación de interinos este año fue correcta, perfecta y casi impecable. Hubo más tiempo que nunca para las peticiones; una asignación provisional y otra definitiva para corregir errores. Eso nunca se había hecho y resultó bien. Otra cuestión es que no es posible sacar todas las plazas en la convocatoria de agosto, porque tenemos jubilaciones pendientes, comisiones de servicio indeterminadas; grupos, como en el caso de FP, que no sabemos si se van a constituir o no… No podemos arriesgarnos a sacar plazas para que, después, queden sin horario por falta de alumnos o desplazamientos de la oferta formativa.

–Pero no es ahora. Llevan diciendo todo el verano que la oferta aprobada por ustedes es escasa.

-Es su criterio, no el mío. Nos sentamos con todos los centros para analizar el documento que se llama ‘Estudio de Recursos Humanos’, que recoge los grupos que hay, el profesor asignado, los interinos y el resultante. Y hay casos en los que sobran horas. Realizan tareas lectivas en horas que no son legalmente necesarias. Nos basamos en datos reales.

Antes los interinos de Primaria

–En Primaria no entienden cómo, teniendo la matrícula cerrada, hay plazas que salen en la segunda convocatoria, con Secundaria y FP. No tiene sentido, ¿no cree?

-En Primaria hay menos razón para que el 1 de septiembre no estén todas las plazas, salvo casos concretos de variación. Sería más razonable que estuvieran determinadas antes.

–¿Entonces? ¿Habrá cambios?

-En julio hacemos una evaluación de todos los departamentos de la consejería y tomamos nota de aspectos que se pueden mejorar. Con plazos más largos y colchones más seguros, queremos mejorar la asignación de efectivos. Sobre todo, en Primaria.

–Se ha hablado de recurrir a la petición a ciegas, a que cada aspirante pida el número de plazas que considere y en función de las que resulten, se le asigne.

-No estoy muy convencido de que ese procedimiento sea el adecuado. Apuesto más por mejorar el procedimiento, cerrando la asignación en tiempo anterior. Que cuando se inicie el curso en Primaria, todos los centros sepan y tengan los efectivos que necesiten. Sin esperar a la segunda convocatoria. Ahora, el día 18.

–La incorporación de éstos será el día 25. ¿Para ahorrar salarios?

-Esa observación me pareció errónea e injusta. Puedo garantizarle que no hay ningún criterio de ahorro. No hay directriz al respecto.

–Los maestros con discapacidad dicen que no está cumpliendo ni siquiera el acuerdo de reserva del 7%.

-Se está cumpliendo estrictamente el acuerdo suscrito con todos los sindicatos, que se aplica para opositar, para las especialidades convocadas, y listas resultantes. La sentencia (del TSJA) establece que hay que extenderla a todas las demás. Adquiere firmeza el día 21 y la cumpliremos.

–Ha anunciado «la mayor oferta de empleo de la historia».

-Todavía no ha llegado a la Mesa de Función Pública, que es donde se va a determinar el número exacto de la oferta de empleo público de este año 2017 para ejecutar en 2018 y 2019.

–Sí, pero concrete, por favor.

-Hemos sumado la tasa de reposición (los que se jubilan) y la de estabilización, que no es otra cosa que la pretensión de rebajar la tasa de interinos al 8%. El resultante es que podremos disponer de más de 1.100 plazas para los próximos tres años. Aún están sin asignar a los cuerpos. Es lo que hará la mesa de negociación con los sindicatos. Pero a ese reparto se unirán en 2018 las plazas que resulten de la tasa de reposición de Secundaria. Y en 2019, las de Primaria.

–¿Cuántas plazas serán?

-Es que hasta que Función Pública no apruebe la mesa de negociación, me parece bastante imprudente.

–Ya, pero si usted dice que va a ser la mayor oferta de empleo de la historia tendrá una aproximación…

-Pues más de 2.000. Entre la de 2018 y la de 2019, la convocatoria oposiciones será superior a las 2.000 plazas. Aparte de esto, hemos logrado una aspiración muy perseguida por esta comunidad autónoma y, en particular, por mí: coordinarnos las comunidades socialistas y alguna más, como Castilla y León, para que todas, en 2018, convoquemos en Secundaria y FP y, en 2019, en Primaria, para que no haya efecto llamada.

–¿Qué criterios deben prevalecer?

-Es algo que me trasciende con creces, aunque yo defendería un equilibrio entre la experiencia y los méritos y valoración de los que no la tienen. Pero, ya le digo, es una competencia exclusiva del ministerio y será determinado con los sindicatos. La negociación va en la línea de que los exámenes no sean eliminatorios, como hasta ahora. Que el que se presente al primer examen pase al segundo y esto, a priori, beneficia a los que tienen más antigüedad.

–En breve presentará el estudio interno que han hecho sobre el modelo de gestión del ciclo de 0 a 3.

-Sí, está terminado, aunque no cerrado. Lo cerraremos esta semana para presentarlo al Consejo de Gobierno, la Federación de Concejos y la Junta. Es un informe técnico, descriptivo, con análisis de distintas opciones.

–Se ha hablado de la integración, de la renovación de convenios con los ayuntamientos con modificaciones, del consorcio… ¿Hay más?

-La extensión de la red 2-3 a los centros de Primaria con plazas disponibles. Hay precedentes en Extremadura y Aragón; hay que considerarlo.

–La integración se la han pedido cuatro de los concejos más poblados de Asturias. Asumen gastos por una competencia que no es suya.

-Acabamos de firmar el convenio con Langreo, en el que se define su responsabilidad como competencia delegada. Tal y como están configurados los acuerdos, se puede seguir como competencia impropia o delegada.

–A expensas de exponer pros y contras, dice que la integración no forma parte del programa de gobierno ni del acuerdo de investidura con IU. ¿Pero lo ve factible?

-La integración en el sistema educativo no la veo. Presenta severas dificultades de gestión y de financiación. Las técnicas no podrían, sin más, integrarse en la función pública. Requerirían de un concurso-oposición. Además, supone la extensión y gratuidad a toda la autonomía. Como decía, no me siento obligado por los acuerdos. Tampoco existe en ninguna comunidad y ni la ley lo prevé. Son razones que hacen pensar que hay que mirarlo con tino.

–¿Cuál sería el coste de asumirlo?

-Más de veinte millones de euros al año. Y subiendo. Porque iría en incremento a medida que la red, con su gratuidad, se fuera expandiendo.

–¿Los ayuntamientos se plantarán?

-No lo harán, porque saben la calidad del servicio que prestan y el grado de satisfacción de las familias. Tenemos que sentarnos, buscar el máximo consenso, con las modificaciones que sean necesarias. Le recuerdo que hemos aumentado la financiación (a once millones) y queremos seguir haciéndolo. Estoy convencido de que habrá un entendimiento con ellos.