Emergencia nacional

Para entender dónde estamos hay que remontarse unos años en el tiempo. Cuando estalló la crisis económica en 2008 se paralizó cualquier plan a largo plazo.

El único objetivo nacional era evitar el rescate.

El resto de problemas pasaron a un segundo o tercer plano.

La situación de las cuentas públicas forzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a recuperar la tasa de reposición, abandonada desde el año 2002, y establecerla en el 30%. En la práctica, esto significaba que solo se reponía uno de cada tres funcionarios que se jubilaban.

En el año 2011 se bajó todavía más, hasta el 10%, y se empezó a aplicar solo a los sectores prioritarios (sanidad, educación y seguridad del Estado). En el resto simplemente se cortó por lo sano: trabajador que sale, puesto que se amortiza.

Esto agravó el ritmo de envejecimiento de las plantillas: los contratados iban sumando años y la llegada de sangre nueva se paralizó, disparando la edad media.

Según datos del INE, desde 2011 se han perdido más de 300.000 empleos en el sector público. Puestos que en condiciones normales hubiesen ocupado los jóvenes. La consecuencia es que actualmente solo el 6,5% de los trabajadores públicos (incluyendo empresas públicas) tiene menos de 30 años.

En algunos sectores de la Administración la destrucción de empleo ha sido tan intensa que ha terminado provocando colapsos, listas de espera, mala calidad en el servicio…

Se da por hecho que algunos de estos puestos no regresarán nunca, en especial aquellos relacionados con cuestiones administrativas y auxiliares que pueden digitalizarse.

Pero para crear un Estado moderno deberán surgir nuevos perfiles con los que, en teoría, se debería poder equilibrar la tasa de reposición. “Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor añadido, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder”, explica Olmos.

Con este objetivo se creó hace dos semanas el grupo para discutir la transformación digital de la Administración y la gestión de recursos humanos más apropiada.

Entre finales de marzo y principios de abril de este año, el gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo por la estabilidad del empleo público con el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento y recuparar la tasa de reposición del 100%, al menos en los servicios básicos como educación, sanidad o justicia.

Y aunque algunas instituciones asumen que no volverán a los viejos tiempos, otras aspiran incluso a más, como el propio Ayuntamiento de Madrid. “La ciudad no para de crecer y nosotros no podemos contentarnos con mantener la tasa del 100%. Necesitamos ampliar.

Si abrimos una biblioteca en un barrio nuevo es lógico que haya que contratar más gente”, dice Carmen Román.

Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder con Acuerdo futuras Oposiciones

En algunos sectores el envejecimiento es más acusado, lo que obligará a adoptar soluciones de emergencia en los próximos años. Un reciente informe de FSC-CCOO alerta de la situación especialmente delicada que vive la Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de la plantilla.

Las comunidades autónomas atraviesan también una situación muy delicada, aunque presentan una gran heterogeneidad debido al distinto ritmo al que se fueron transfiriendo las competencias desde el inicio de la democracia. País Vasco, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lideraron el proceso ya desde el año 1981 con el primer gran pacto territorial, los ‘Acuerdos Autonómicos’. Ese mismo año Cataluña consiguió las competencias de la sanidad, la educación no universitaria y el grueso de los servicios sociales, transferencias que no se completaron a todas las autonomías hasta el año 2001. Según los cálculos de CCOO, en la próxima década se jubilarán casi el 30% de los empleados públicos autonómicos.