Llega el gran relevo generacional: un millón de plazas a oposición en solo diez años

La salida de la crisis y la jubilación de la generación de la Transición aceleran una fase de contratación pública que expertos y altos funcionarios describen como un gran desafío

2

PARTE

Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor del blog La Mirada Institucional, subraya que la búsqueda del personal es uno de los mayores desafíos y urge a sindicatos y administraciones a trabajar para llegar a un Acuerdo futuras Oposiciones que beneficie a la ciudadanía. “No se puede seleccionar a personal para el siglo XXI con un sistema desarrollado en el siglo XIX. Internet ha dejado trabajos obsoletos y ha generado otras necesidades”, enfatiza.

En su opinión, convocar cientos de miles de plazas en pocos años nos metería en un problema. “No van a entrar los mejores, sino los que tuvieron más suerte con su año de nacimiento. Además es injusto para las generaciones posteriores y anteriores. En los 80 entraron muchos en poco tiempo y la media bajó. Había gente que claramente no estaba preparada. Y ahora puede pasar lo mismo”.

No se puede seleccionar a personal para el siglo XXI con un sistema del siglo XIX

José Luis Groba comparte la opinión y pone como ejemplo lo ocurrido en su gremio, en la Agencia Tributaria. “En los primeros años del PSOE es cuando se decidió crear una Hacienda moderna. Llegaron a salir hasta 300 plazas de inspector y algunas ni siquiera se cubrían. Recuerdo convocatorias de 700 u 800 técnicos. Estos mismos son los que ahora se jubilan, a un ritmo de unos 700 al año. ¡En tres años perdemos 2.000 inspectores en un cuerpo de 24.000! Y las plazas hay que cubrirlas porque hemos perdido 4.000 desde que empezó la crisis y estamos realmente bajo mínimos”.

Uno de los desafíos, argumenta, es transmitir todo el conocimiento. “En los escalafones más altos no hay nadie que se esté formando ahora mismo para tomar el relevo”.

El reto al que se enfrenta el país es tan evidente que el Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado.

El objetivo de corto plazo sigue siendo reducir el déficit público, pero el envejecimiento de las plantillas está en un proceso tan avanzado que apenas queda margen para adoptar decisiones estratégicas.

En las últimas semanas se han producido los primeros acercamientos entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para analizar el problema y buscar soluciones.

El jueves 22 de junio se constituyó el grupo de trabajo sobre la administración digital y el lunes 26 se reunió la secretaria de Función Pública, Elena Collado, con los representantes de los trabajadores.

Habría que anticiparse antes de que estalle el problema, pero todo queda supeditado al objetivo de déficit de Bruselas

“El Gobierno comparte con nosotros la preocupación”, explica Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO. “Coincidimos en que habría que anticiparse antes de que estallase el problema, pero cuando queremos traducirlo en medidas concretas, todo queda supeditado al objetivo de déficit de Bruselas”. El Ministerio pretende ganar tiempo con la Oferta de Empleo Público (OEP) que pactó con los sindicatos en mayo. Este acuerdo no supone ningún incremento del capítulo 1 de gastos de personal, ya que simplemente sustituye trabajadores interinos por fijos. De esta forma se garantiza que durante los tres próximos años se convocarán plazas de funcionario, pero no servirá para atajar el problema del envejecimiento de las plantillas y tampoco para elevar el número de efectivos. Las dos partes acordaron volver a reunirse a mediados de julio para discutir en profundidad este problema y, tal vez, buscar soluciones.

Emergencia nacional

Para entender dónde estamos hay que remontarse unos años en el tiempo. Cuando estalló la crisis económica en 2008 se paralizó cualquier plan a largo plazo.

El único objetivo nacional era evitar el rescate.

El resto de problemas pasaron a un segundo o tercer plano.

La situación de las cuentas públicas forzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a recuperar la tasa de reposición, abandonada desde el año 2002, y establecerla en el 30%. En la práctica, esto significaba que solo se reponía uno de cada tres funcionarios que se jubilaban.

En el año 2011 se bajó todavía más, hasta el 10%, y se empezó a aplicar solo a los sectores prioritarios (sanidad, educación y seguridad del Estado). En el resto simplemente se cortó por lo sano: trabajador que sale, puesto que se amortiza.

Esto agravó el ritmo de envejecimiento de las plantillas: los contratados iban sumando años y la llegada de sangre nueva se paralizó, disparando la edad media.

Según datos del INE, desde 2011 se han perdido más de 300.000 empleos en el sector público. Puestos que en condiciones normales hubiesen ocupado los jóvenes. La consecuencia es que actualmente solo el 6,5% de los trabajadores públicos (incluyendo empresas públicas) tiene menos de 30 años.

En algunos sectores de la Administración la destrucción de empleo ha sido tan intensa que ha terminado provocando colapsos, listas de espera, mala calidad en el servicio…

Se da por hecho que algunos de estos puestos no regresarán nunca, en especial aquellos relacionados con cuestiones administrativas y auxiliares que pueden digitalizarse.

Pero para crear un Estado moderno deberán surgir nuevos perfiles con los que, en teoría, se debería poder equilibrar la tasa de reposición. “Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor añadido, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder”, explica Olmos.

Con este objetivo se creó hace dos semanas el grupo para discutir la transformación digital de la Administración y la gestión de recursos humanos más apropiada.

Entre finales de marzo y principios de abril de este año, el gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo por la estabilidad del empleo público con el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento y recuparar la tasa de reposición del 100%, al menos en los servicios básicos como educación, sanidad o justicia.

Y aunque algunas instituciones asumen que no volverán a los viejos tiempos, otras aspiran incluso a más, como el propio Ayuntamiento de Madrid. “La ciudad no para de crecer y nosotros no podemos contentarnos con mantener la tasa del 100%. Necesitamos ampliar.

Si abrimos una biblioteca en un barrio nuevo es lógico que haya que contratar más gente”, dice Carmen Román.

Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder con Acuerdo futuras Oposiciones

En algunos sectores el envejecimiento es más acusado, lo que obligará a adoptar soluciones de emergencia en los próximos años. Un reciente informe de FSC-CCOO alerta de la situación especialmente delicada que vive la Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de la plantilla.

Las comunidades autónomas atraviesan también una situación muy delicada, aunque presentan una gran heterogeneidad debido al distinto ritmo al que se fueron transfiriendo las competencias desde el inicio de la democracia. País Vasco, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lideraron el proceso ya desde el año 1981 con el primer gran pacto territorial, los ‘Acuerdos Autonómicos’. Ese mismo año Cataluña consiguió las competencias de la sanidad, la educación no universitaria y el grueso de los servicios sociales, transferencias que no se completaron a todas las autonomías hasta el año 2001. Según los cálculos de CCOO, en la próxima década se jubilarán casi el 30% de los empleados públicos autonómicos.