El Gobierno ha cerrado esta mañana con los sindicatos una oferta pública de empleo de unas 20.000 plazas para 2017, de las que unas 8.000 se corresponden con reemplazos de jubilaciones, unas 5.500 con promociones internas, otras 2.600 para convertir a interinos del Ministerio de Justicia en indefinidos y 4.426 con puestos nuevos de una oferta extraordinaria para la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, la inspección de trabajo, Instituciones Penitenciarias, las oficinas de tramitación del DNI y la Dirección General de Tráfico, según fuentes sindicales. Esta tanda de plazas se enmarca dentro de la macroconvocatoria prevista para los próximos tres años que ya anunció el Ejecutivo. Y se trata de la mayor oferta en, al menos, una década.

Esta convocatoria entrará en vigor este viernes tras aprobarlo en el Consejo de Ministros, donde se confirmarán las cifras de forma más concreta. El martes se convalidará en el Congreso. «Se trata de un plan de choque extraordinario para garantizar la viabilidad de la Administración, que en apenas seis años ha visto diezmado su personal joven. En estos momentos tan solo hay 1.388 personas con menos de 30 años en una plantilla de 190.858 efectivos. Por fin se crea empleo neto y ahora toca subir salarios para empezar a recuperar poder adquisitivo», comenta Francisco Iglesias, vicepresidente de CSI-F, el sindicato mayoritario en la Administración Central del Estado.

Estas 4.246 nuevas plazas representan la primera vez desde 2010 que se crea empleo público neto en España. Y, por tanto, el anuncio va más allá del acuerdo que firmaron sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar 250.000 plazas en todas las Administraciones durante los próximos tres años. Aunque estas serán abiertas a todos los ciudadanos, se tendría en cuenta el tiempo trabajado por los interinos en la Administración con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en el sector público desde el 23% hasta el 8%. Es decir, en ese acuerdo no se pretendía aumentar la plantilla. Solo sustituir efectivos temporales por indefinidos. Pero ahora se da un paso más y se intenta compensar la pérdida de efectivos en una serie de organismos considerados sobrecargados, sobre todo después de años de ajustes de plantilla producidos al no reemplazar vacantes y haber prescindido de interinos.

«Acabamos de firmar con las organizaciones sindicales más representativas un compromiso que ellos mismo han calificado de histórico porque recoge el primer acuerdo en materia de oferta de empleo público, por lo menos, de la última década», ha afirmado la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, al término de la reunión con los sindicatos.

«La oferta extraordinaria de empleo permitirá subsanar necesidades de algunos cuerpos muy tocados por la crisis como la Agencia Tributaria, algunos organismos del Ministerio del Interior o el Sepe. En estos la tasa de reposición alcanzará el 135% de las jubilaciones. Estamos muy satisfechos», explica Carlos Álvarez Andújar, secretario del sector de la AGE de UGT.

Especialmente llamativo es el caso de la Agencia Tributaria, cuya asociación de inspectores ha criticado la precaria situación de la plantilla. Para este organismo se ha llegado a un pacto específico a dos años. Entre 2017 y 2018 se convocarán más de 2000 plazas, aunque probablemente todas ellas se saquen ya. En términos netos, se recuperarán más de 1.000 de los 3.000 efectivos que perdieron en la anterior legislatura. Ciudadanos ya reclamó con mucho ahínco reforzar la plantilla de inspección. «Se trata de una derivada de nuestras negociaciones presupuestarias, y la cifra es lo máximo que admite el sistema de oposición para poder hacer una selección adecuada», explica Francisco de la Torre, diputado del partido naranja.